El papel de los ayuntamientos en el acceso universal a la alimentación sostenible

El documento “El papel de los ayuntamientos en el acceso universal a la alimentación sostenible”, elaborado por CALMAR, plantea que los municipios son actores clave en la transición hacia sistemas alimentarios saludables, justos y sostenibles. En el contexto de los Food Dialogues impulsados por la Comisión Europea, esta iniciativa busca que las realidades locales sean escuchadas y que se generen propuestas concretas sobre cómo los gobiernos municipales pueden garantizar el derecho a la alimentación, con especial atención a los grupos más vulnerables.

El texto destaca la situación de la Comunidad de Madrid, donde el consumo de alimentos ecológicos es bajo, la producción local insuficiente y el sistema agroalimentario altamente dependiente de recursos externos. Esto genera un fuerte impacto ambiental y agrava la inseguridad alimentaria, que afecta al 19,4 % de la población. Frente a ello, se propone fortalecer la agricultura familiar, promover los circuitos cortos de comercialización y apoyar proyectos agroecológicos que generen empleo y reduzcan la huella de carbono.

Entre las medidas que los ayuntamientos pueden impulsar, se señalan: el acceso a tierra y recursos para la producción local, la creación de centros de acopio y distribución compartidos, incentivos fiscales a la producción ecológica y el fomento de infraestructuras comunitarias de cultura alimentaria. Estas políticas, además de reforzar el tejido social, permitirían avanzar hacia una mayor autonomía alimentaria y una economía local resiliente frente a crisis sociales o climáticas.

Finalmente, el documento subraya el poder transformador de la compra pública alimentaria. Experiencias de ciudades como Viena, Copenhague o París demuestran que incluir criterios ecológicos, sociales y de proximidad en los contratos municipales mejora la salud pública, apoya a los productores locales y reduce el impacto ambiental. Incorporar este enfoque en Madrid y otros municipios permitiría materializar el derecho a una alimentación sostenible como política pública de primer orden.

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